Una visión del conflicto armado interno colombiano, a la luz de la teoría sociológica de la interseccionalidad.

Juan Camilo Bolaños P.

Parece superado el debate con relación a la importancia de las ciencias penales en la adopción de medidas político criminales. Sin duda la perspectiva sociológica de la criminalidad, aporta insumos indispensables y herramientas efectivas, para la consolidación de modelos político criminales adecuados a las reales necesidades de cada estado.

Las herramientas puestas a disposición por parte de la sociología, permiten comprender adecuadamente el fenómeno de la criminalidad. La interseccionalidad, según Raquel Guzmán Ordaz, es una de las más teorías metodológicas que “más están dado de que hablar, tanto a nivel académico, como político y en el contexto de la intervención”[1]. En resumen, podríamos definir la interseccionalidad, como un mecanismo de análisis, que estudia las conexiones entre diferentes estructuras sociales, tales como la pobreza, la discriminación, y la marginalidad entre otros factores de la criminalidad.

Las feministas afroamericanas desarrollaron la teoría de la interseccionalidad —término acuñado en 1989 por la activista y académica Kimberlé Williams Crenshaw— para señalar la encrucijada en la que se encontraban, siendo mujeres en una sociedad patriarcal y negras en una sociedad supremacista blanca[2].

La teoría de la interseccionalidad, aporta una serie de posibilidades metodológicas para abordar el estudio del fenómeno de la criminalidad en sus diferentes expresiones; Potencializando los esfuerzos por conocer las causas y principales efectos del delito, permitiendo su adecuado entendimiento bajo dimensiones reales, y aglutinando todas las instituciones del estado y la sociedad, para evaluar eficazmente los modelos de análisis del fenómeno criminal en todas sus esferas y contextos.

El conflicto armado en Colombia, es una de las expresiones mas evidentes de la criminalidad del País, se trata de un fenómeno social de mas de 50 años de existencia, que deriva su sostenibilidad, en la permanencia de ciertos factores que determinan su existencia, tales como el narcotráfico, que aporta la financiación de diversos grupos al margen de la ley con múltiples intereses económicos y políticos.

Sin embargo, el estudio de las reales causas del conflicto armado, ha tenido una histórica interpretación limitada, acusando su origen exclusivamente al fenómeno del narcotráfico.; Parece ser que el análisis no ha tenido en cuenta otro tipo de factores, que determinan o propician el conflicto. La falta de institucionalidad, la inseguridad jurídica, la disputa por la tierra, la marginalidad, la pobreza extrema y la discriminación en razón de la raza, el género, la religión y las convicciones ideológicas; hacen parte de los factores que deberían tenerse en cuenta al momento de adoptar medidas político criminales frente al conflicto armado interno.

Sin duda, todas ellas convergen en un escenario propicio para el mantenimiento de la escalada violenta, el crecimiento del crimen organizado y la afectación de loa población civil en las zonas de conflicto. Tan solo una metodología como la sugerida por la teoría interseccional, permitiría evaluar conjuntamente el impacto de todos esos factores, en el fenómeno de la criminalidad, y particularmente en el conflicto armado interno colombiano.

Del adecuado entendimiento de dichas causas, y el conocimiento del impacto real de las mismas, depende la adopción de medidas político criminales eficaces, que contribuyan eficazmente a la prevención del fenómeno criminal.

El conocimiento de las reales dimensiones del fenómeno en sus diferentes contextos, como lo son el territorio y la población, permiten establecer el impacto y real contribución de cada uno de aquellos factores que contribuyen a la criminalidad. De esta manera, será posible establecer las principales medidas político criminales, tanto institucionales como sociales, por adoptar para atacar los problemas que le generan mayor motivación al fenómeno criminal.

Atacar las rentas criminales, desmontando los dividendos generados por el tráfico de estupefacientes tras su legalización o control estatal, reducir las brechas de la marginalidad con inversión social eficaz e intervención institucional en el territorio, y combatir la discriminación con medidas regulatorias eficaces que prevengan los escenarios de mayor impacto; son algunas medidas que podrían generar una mayor contribución a la política criminal colombiana, pro supuesto, basadas en un método como aquel sugerido por la teoría interseccional sociológica.

La política criminal no debe ser la llave estratégica del gobierno de turno para manipular la percepción de seguridad a conveniencia de sus intereses, incrementando o flexibilizando la intervención del estado mediante el ejercicio del poder punitivo; Por el contrario, debe atender a criterios racionales, objetivos y acordes al estándar internacional, que garanticen la protección de los derechos humanos, y a su vez permitan la efectividad de la actividad estatal. Es por ello que, por ejemplo, los conceptos de la Comisión asesora de Política Criminal, deberían ser motivados por el precedente estudio metodológico de los factores determinantes del fenómeno criminal, y a su vez vinculantes tanto para el poder ejecutivo, como para el legislativo; adecuando de esta manera, las medidas institucionales.

[1] Raquel Guzmán Ordaz. PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA DE LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA (Posición en Kindle960). Edición de Kindle.

[2] Tomado de: https://www.pikaramagazine.com/2018/11/mi-opresion-es-la-suprema/