Política Criminal Alternativa en Materia de Drogas

Juan Camilo Bolaños P.

El Grupo de estudios de Política Criminal de España, compuesto por importantes académicos y actores del sector de la academia, la justicia y la criminología, hace varios años propuso un modelo alternativo para el tratamiento del fenómeno de las drogas, casi 10 años luego de sus principales apariciones en la discusión política internacional.

Desde su primera reunión en Málaga para el año 1989, se resaltaron los principales problemas de la política represiva, fundamentalmente prohibicionista orientada a perseguir a toda la cadena de producción, tráfico e incluso consumidores finales, brindándole una visión errada a un fenómeno que comporta una clara problemática social de salud. Según los expertos “La nueva política debería trasladar el centro de atención al campo de la prevención de la demanda y la asistencia a los consumidores. Sólo una intervención preventiva basada en mensajes positivos, realizada por los cauces y agentes normales de la intervención educativa y una política asistencial centrada en el objetivo de reducir los riesgos derivados del consumo puede tener una razonable esperanza de éxito”[1]. Una visión y finalidad claramente apartada de los calificados “nefastos” objetivos plasmados históricamente por el modelo represivo defendido históricamente por la mayoría de los Gobiernos y especialmente hasta la fecha por parte de las organizaciones como la ONU y algunas de las instituciones que las componen. Éstas últimas han decidió postergar el debate, entorpecerlo y distorsionando, con el fin de buscar complacencia en aquellas políticas que insisten erradamente en mantener el modelo represivo – prohibicionista, promovido incluso desde la política “tolerancia cero” de Ronald Regan en EE.UU.

La dimensión que cobija la propuesta del modelo sugerido por el GEPC[2], comprende nueve (9) aspectos fundamentales comprendidos en su “Manifiesto por una nueva política sobre la droga”, que enmarcan los aspectos esenciales a tener en cuenta para el estudio y tratamiento de dicho fenómeno:

Además de reconocer la ineficacia del modelo represivo para la obtención de sus dos principales finalidades: Erradicar o disminuir sensiblemente el consumo de las drogas. Ciertamente ha sido el primer paso para someter la discusión a cerca de la necesidad de un nuevo modelo, coincidiendo con la ineficacia del represivo, se da por descontada hoy en día la discusión a cerca de su ineficacia y las causas que lo caracterizaron así. Y la contribución del modelo represivo puramente prohibicionista a fomentar el tráfico y contribuir al empoderamiento de las organizaciones criminales, que sin duda el encarecimiento de la droga, tras las dificultades que representa su tráfico ilegal ha sido uno de los factores que ha desencadenado mayores problemas sociales, diferentes a la salud pública, como los son el incremento de organizaciones criminales mas empoderadas. Se propone:

Suprimir legislación específica sobre estupefacientes: Podría considerarse una propuesta agresiva, sin embargo, su espiritu está orientado a evitar el populismo punitivo, y limitar la expedición de normas punitivas orientadas a regular un fenómeno social de competencia exclusiva de las autoridades de salud. Sin embargo, la regulación específica atiende al interés político que moviliza la creación de normas, por tanto, podría ser problemática la materialización de dicha propuesta, siendo mas benéfico incluir requisitos de valides de dichas normas, como por ejemplo un concepto vinculante de la comisión asesora en política criminal.

Ampliación de ámbito de actuación de los medicamentos: Sin lugar a duda desde 1989 a la fecha ha crecido el fortalecimiento de los estudios científicos, que respaldan la utilización de drogas como los opioides para tratamientos médicos del dolo u otras afecciones especificas. Se debe invertir mayor recurso científico y económico en el estudio y desarrollo de este tipo de medicina, des estigmatizando su origen y orientado su aplicación en procura del bienestar humano.

Eliminación de referencias estrictas para medicamentos generales a riesgos de su consumo. N/A
Desarrollo de un sistema controlado de dispensación sin receta, distinguiendo cannabis y sus derivados: El tratamiento y gestión administrativa de los inventarios, consumidores, modo de dispensación y en general la gestión, supervisión, vigilancia y control por parte de las autoridades administrativas de salud, son el pilar fundamental para la implementación controlada en un sistema que permita la transición entre le prohibicionismo y un modelo regulatorio. Sin embargo, se queda corta la propuesta al no contemplar otro tipo de drogas diferentes al Cannabis.

La Exclusión de la publicidad en estos productos: Es sin duda un requisito para no promover el fomento del consumo de drogas en cabeza o con autoridad de estado, pues la finalidad además de respetar los derechos individuales, es promover el bienestar común.

La confidencialidad de los datos personales de los consumidores: Es un pilar para la protección de sus derechos fundamentales, el respeto por su dignidad humana y además la garantía de privacidad para la eficacia de implementación de las medidas adoptadas. Una exposición de las bases de datos de los consumidores, además de ser una violación a sus derechos fundamentales pone en riesgo la estabilidad del sistema regulatorio.
Desarrollo de programas de educación para la prevención y deshabituación del consumo: Es la Herramienta ideal, adecuada y oportuna para implementar un modelo alternativo, pues su fundamento radica en el respeto por la dignidad del ser humano, y el núcleo esencial de sus derechos fundamentales. De esta manera, solo a través de los programas de educación, prevención y deshabituación, podría legítimamente un estado intervenir en cada uno de sus Ciudadanos, para que con ello se consiga la finalidad de control y prevención deseada.

Sistema de precios menos incentivadores, exentos de ayudas o financiación publica: Es una propuesta problemática, que representa un gran reto para cada uno de los estados, principalmente tras la necesidad de definir criterios de diferenciación y control de preciso e inventarios existentes entre la droga con fines medicinales y aquella con fines recreativos. Pues sin duda, un estado no podrá promover incentivos de precio o financiación para droga con fines recreativos, pero si para aquella con fines medicinales. Son muchas las empresas que hoy reclaman apoyo estatal, institucional y financiero para el desarrollo de sus proyectos de investigación y producción.

Garantía de consumo bajo prescripción médica controlada: Acompañada de la educación para la prevención y deshabituación, el seguimiento médico especializado para los consumidores: Es sin duda un pilar esencial del modelo sugerido, pues aborda la problemática desde el punto de vista que desde un inicio debió haberse orientado, la salud. Sin embargo, debe fundamentarse desde el punto de vista Constitucional, la legitimidad para obligar al consumidor adicto a someterse a este tipo de seguimiento so pena de suspender el dispensario para su consumo. Y ello representará grandes retos para el diseño e implementación de un sistema alternativo, pues se deberá sopesar la legitimidad de intervención estatal en cada uno de los consumidores, sus límites, finalidades y principales capacidades se vinculación. Prestando especial atención a aquellos consumidores, que en su mayoría como adictos con problemas de salud no atenderían voluntariamente el llamado al dispensario controlado. Generando un incremento en las cifras de droga suministrada ilegalmente o sin control estatal, como un fenómeno paralelo por atender.

Finalmente, en cuanto a los cambios sugeridos para el tratamiento punitivo de aquellas conductas que afecten contra derechos de los menores, incapaces o recaigan principalmente frente a aquellos que se pretenden lucrar del consumo de este tipo de sustancias pro fuera d los casos permitidos por el modelo alternativo, considero innecesario, irracional e infructuoso sugerir modificaciones distintas a la derogatoria. Son los presupuestos básicos de la dogmática criminal, acompañados de la capacidad de interpretación de los operadores judiciales, los que con fundamento en el postulado principal “despenalización de consumo y derogatoria de normas punitivas sancionadoras”, permitirán la adopción del sistema, y el tratamiento adecuado, que incluso hoy, se está brindado jurisprudencialmente a pesar de la definición punitiva de la norma.

[1] Grupo de estudios de política criminal GEPC, España Secciones de Cádiz, Málaga y Sevilla del instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.

[2] Grupo de estudios de Política Criminal.