El papel de la estadística en la adopción de medidas político criminales.

Juan Camilo Bolaños P.

Podemos dar por superada la discusión en torno a la necesidad de contar con el análisis de datos, como evidencia científica que sirva como sustento basado en pruebas fehacientes, para la adopción de todo tipo de políticas. Entendidas éstas últimas, como el conjunto de medidas adoptadas por la institucionalidad para hacer frente a un fenómeno específico.

De tiempo atrás autores como Franz Von Liszt, han reconocido la importancia de conjugar todas las disciplinas consideradas como ciencias penales, con el fin de abonar esfuerzos, conocimiento y capacidades para enfrentar el fenómeno de la criminalidad. La dogmática, la política criminal y por supuesto la criminología, constituyen los pilares esenciales para la adopción de medidas político criminales adecuadas, eficientes y oportunas. Su orientación, debe estar basada en números, recogidos y analizados con base en los principios que rigen la estadística criminal, los cuales comportan una verdadera evidencia científica sustentada en pruebas fehacientes, y finalmente permiten medir el delito y los factores que influyen en él.

El caso de Argentina, es una clara muestra de que el conocimiento cierto de los fenómenos sociales, surge como presupuesto fundamental para su adecuado diagnóstico y posterior tratamiento eficaz. La obtención del máximo nivel de calificación en el año 2018, tras la adopción de la mayoría de los principios fundamentales de la estadística oficial de la ONU, le ha permitido a la estadística a criminal en Argentina, posicionar su sistema como el mejor de América Latina en los últimos años.

Sin lugar a dudas, aspectos como una correcta planificación, el compromiso con la calidad, los procedimientos estadísticos adecuados, la carga de respuesta, el mandato de recolección de datos, la confidencialidad estadística, la metodología sólida, la relevancia, y la precisión; son elementos necesariamente concurrentes para diagnosticar como adecuado un sistema estadístico criminal.

Sin embargo, parece ser que, en nuestra realidad actual, factores como la independencia profesional, así como la confiablidad, accesibilidad y claridad de las bases de datos; Son los puntos más relevantes a la hora de determinar la eficacia de un sistema estadístico criminal. Todos ellos permiten reducir ampliamente el margen de la criminalidad oculta, relacionada con aquellas conductas criminales no denunciadas, y en su lugar consiguen ampliar el espectro de conocimiento de las cifras de criminalidad real por parte del estado. Situación que resulta determinante a la hora de adoptar medidas político criminales eficientes, que consigan reducir significativamente y controlar las tasas de criminalidad que tanto afectan la estabilidad de las naciones, y sus ciudadanos.

Aunque no exista un modelo de política criminal ideal, lo cierto es que aquellos cuyas decisiones se basan en evidencia científica, cuentan con mayores posibilidades de éxito para administrar el fenómeno de la criminalidad. Reconocerlo a partir de datos ciertos, concretos, sanos y públicos es una garantía de eficacia de las medidas por adoptar. Aunque son 124 los requisitos de calidad establecidos por la ONU, la formalización de los procesos, la apertura de los datos y la difusión oportuna de los mismos para incentivar su uso por parte de diversos sectores de la sociedad, son puntos por reforzar en el modelo argentino, que sin dudas a obtenido un grandioso reconocimiento, digno de replicar.

Colombia viene adecuando su sistema estadístico criminal, con el fin de alcanzar los parámetros del estándar internacional, sin embargo existen algunos aspectos que impiden el avance en la medición efectiva del delito, entre ellos, la ausencia de formalidad en las estadísticas oficiales, la falta de credibilidad en las encuestas de victimización, la ausencia de garantías para adelantar estudios de auto información y la escasez de presupuesto adecuado para adelantar este tipo de procesos por parte de terceros independientes como ONG’s o el sector académico.

El gobierno debe proponerse articular la capacidad institucional con el desarrollo científico del sector académico o no gubernamental; con el fin de fortalecer sus fuentes de medición, robustecerlas para ampliar las bases de datos de información verás, publicar su contenido y de este modo incrementar el nivel de resultado de su estadística criminal, como insumo esencial para la adopción de medidas político criminales adecuadas.

[1] Abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en derecho penal de la Universidad EAFIT de Medellín, candidato a Magister en derecho penal de esa misma Universidad y Máster en Policita Criminal de la Universidad de Salamanca, España. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal ICDP y el grupo de estudios penales de la Universidad EAFIT. Consultor y litigante en derecho penal corporativo, en MPa Derecho Punitivo y Riesgos Corporativos, y Vital Jurídica S.A.S. Firmas donde asesora importantes empresas del sector industrial, comercial y financiero en la Ciudad de Medellín y todo el valle de Aburrá.